Competencias y atribuciones profesionales para el I.E.E - Discrepancias

Una de las precursoras que han incentivado dicha crispación que existe en estos momentos y por la que el colectivo de ingenieros industriales sigue luchando aunque no tienen fundamentos de peso para que su causa llegue a buen puerto porque no disponen de los medios ni d elos conocimientos para realizar I.E.E radica en que hace dos años atrás se pronuncio respecto a este tema a raíz de las sentencias favorables a la exclusividad que tienen los Arquitectos Técnicos-Arquitectos argumentando lo siguiente :

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) entiende que la limitación a arquitectos y arquitectos técnicos de la competencia para suscribir el IEE suponía una restricción a la competencia efectiva en el mercado de servicios profesionales. Este informe tenía gran relevancia al ser el primer informe oficial que no abogaba por restringir la competencia para firmar el IEE a los arquitectos y a los arquitectos técnicos.

Desde entonces se han sucedido numerosas sentencias que inclinan la balanza a favor de los arquitectos y arquitectos técnicos y entre ellas he destacado tres por sacar algunos ejemplos como las siguientes :

- La Sentencia 5292/2014, de 9 de diciembre, del Tribunal Supremo

- La Sentencia 37/2015, de 29 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja

- La sentencia del Tribunal Supremo nº 2765/2016, de 22 de diciembre.

Antes del fallo de todas ellas se argumentaba por parte del colectivo de ingenieros industriales e ingenieros técnicos industriales en sus respectivos colegios profesionales la ilegalidad de la atribución de la competencia a los arquitectos y arquitectos técnicos para la firma del Informe Técnico de Edificios (ITE), antesala del IEE.

En el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo se cuestionaba el Acuerdo de 6 de septiembre de 2011 del Ayuntamiento de Segovia, por el que se procedía a la aprobación de la Ordenanza municipal para la aplicación de la Inspección Técnica de Edificios. En concreto, se alegaba la ilegalidad del artículo 8, que tiene la siguiente literalidad:

1.- La Inspección Técnica de la Edificación se llevará a cabo, bajo su personal responsabilidad, por técnicos competentes, de acuerdo con sus competencias y especialidades, ajustándose a los principios de imparcialidad, objetividad e independencia, así como al de veracidad en las manifestaciones que en ellos se contengan respecto del estado real del inmueble.

2.- De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación, la condición de técnico competente se corresponderá con las profesiones autorizadas para la intervención en obras de edificación, atendiendo a sus características de uso y tipología.

3.- La acreditación de la competencia del técnico redactor deberá acompañar en todo caso a la ITE, como documento adjunto, e incluirá copia del seguro de responsabilidad civil correspondiente al técnico redactor del documento, con capacidad suficiente para las obras derivadas de la ITE.

En el caso de la Sentencia del TSJ de la Rioja se cuestionaba el artículo 6.1 de la Ordenanza reguladora de la Inspección Técnica de edificios del Ayuntamiento de Logroño (aprobación definitiva del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en su sesión celebrada el 5 de diciembre de 2013), que relativo a la “capacitación para la inspección técnica”, establecía que ésta “se llevará a cabo por un técnico facultativo competente según la normativa competente de edificación.”

La tesis que sostienen las sentencias puede sintetizarse en el siguiente argumento de la citada Sentencia del Tribunal Supremo

A partir de este dato, la racionalidad del argumento ofrecido por la sentencia recurrida, en el sentido de la evidente relación entre la capacidad para intervenir en la edificación y la de calificar el estado general de su conservación, sería la justificación de la norma de la Ordenanza impugnada, por lo que resulta de lógica jurídica que solamente un precepto con el preciso rango legal que diese beligerancia a las razones de diferencia técnica entre la actividad de edificación y la de conservación que aducen los actores para mantener su pretensión podría abatir el fallo recurrido.

Lo que viene a decir resumiendo la sentencia del TSJ es que no hay razón ninguna para dar competencias a los ingenieros porque no hay causa ni relación ninguna para atribuir competencias para evaluar el estado de conservación ya que en los planes de estudios de las carreras industriales no existen contenidos ni materias que traten los temas susceptibles de la discordia y en cambio en las carreras como la arquitectura técnica existen numerosas materias y especializaciones que dan lugar a entender que son los técnicos mejor preparados.

Para englobar en conceptos generales y no en materias pero por los cuales se basan muchas materias que se imparten en arquitectura técnica podemos resumirlos en 4 grandes grupos donde entre otras razones el tribunal supremo de justicia nos da la razón a nuestro colectivo y son los siguientes :

1. Seguridad, estabilidad y consolidación estructurales , de tal forma que no se produzcan en el edificio o partes del mismo daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

2. Seguridad y estabilidad en sus elementos constructivos cuyo deficiente estado suponga un riesgo para la seguridad de las personas, tales como chimeneas, barandillas, falsos techos, cornisas, aplacados y elementos ornamentales o de acabado, en particular si pueden caer en la vía pública.

3. Estanqueidad frente al agua , evitando filtraciones a través de la fachada, cubierta o del terreno, en particular si éstas afectan a la habitabilidad o uso de edificio o puedan ser causa de falta de seguridad descrita en los dos primeros apartados.

4. Estanqueidad y buen funcionamiento de las redes generales de fontanería y saneamiento , de forma que no se produzcan fugas que afecten a la habitabilidad o uso del edificio o puedan ser causa de falta de seguridad escrita en los dos primeros apartados.

Luego como resumen las sentencias desestimadas por el tribunal supremo se basan en que el plan de estudios de los ingenieros industriales no se ajusta a las exigencias necesarias para estimar con total normalidad si un edificio esta apto o no para pasar una revisión o evaluación del edificio porque no dispone de las herramientas del conocimiento para enjuiciarlo ya que la alegación o una de las que ejercen los ingenieros industriales es que son técnicos competentes en la edificación como lo pueden ser los arquitectos técnicos o arquitectos porque asi lo marca la ley 38/1999 o lo que es lo mismo la LOE o ley de ordenación de la edificación donde dicha ley esta encaminada para las obras con proyección o para ejecución de las mismas y no para un informe que hasta 14-15 años no ha salido a la luz desde esa fecha y donde existe una normativa específica para ello.

Así que podemos concluir, de una forma objetiva, que un Ingeniero Industrial, como es lógico y normal, no tiene suficientes conocimientos para la comprensión de un edificio completo y complejo para poder elaborar y responsabilizarse con una ITE o un IEE, algo tremendamente importante y que a veces se pasa de largo es que un técnico que elabora estos documentos se hace responsable de todo lo que implica ese documento. Y nos preguntamos ¿cómo se va a querer responsabilizar un técnico en un trabajo del que no tiene los conocimientos suficientes para realizarlo?.

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